En 1907 tras la imperiosa necesidad de cuidar nuestros montes se crea en España el Cuerpo de Guardería Forestal del Estado, años más tarde los miembros de este cuerpo pasan a ser considerados Funcionarios públicos durante la segunda República, momento en el que se convoca la primera oposición de acceso al cuerpo.

Durante la Dictadura se aprueba el primer Reglamento del Cuerpo y todos sus miembros tendrán la consideración Agentes de la Autoridad y de Policía Judicial.

En 1978 cambia la denominación del cuerpo y los Guardas Forestales pasan a llamarse Agentes Forestales manteniendo sus atribuciones y competencias.

Posteriormente, con el traspaso de las competencias medioambientales a las comunidades autónomas, el cuerpo en cada territorio pasa a tener una denominación propia y dichas comunidades asumen la competencia exclusiva en lo relativo al personal transferido del Cuerpo de Guardería Forestal del Estado.

En la actualidad, según se recoge en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, los Agentes Forestales son funcionarios que ostentan la condición de Agente de la Autoridad, y de acuerdo con su propia normativa y con independencia de la denominación corporativa específica (Agentes Medioambientales, Agents Rurals, Agentes Protección de la Naturaleza…), tiene encomendadas, entre otras funciones, las de vigilancia, policía y custodia de los bienes jurídicos de naturaleza forestal y la de policía judicial en sentido genérico, actuando de forma auxiliar de los jueces, tribunales y del Ministerio Fiscal, y de manera coordinada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con respeto a las facultades de su legislación orgánica reguladora.